En todo el país pasó lo mismo: fueron adjudicadas las emisoras y los canales y, más temprano que tarde, tanto las unas como los otros se volvieron parte del botín de guerra. Donde no expropiaron el medio el cura párroco o el hermano pastor para su declarada guerra religiosa, el medio fue asaltado por el ejército o la policía "para la causa" (causa que, valga decirlo, sigue siendo de carácter privado, a pesar de que se hace con dinero público). Y, claro, un tercero, que nunca duerme, fue también expropiador: el politiquero, adalid de la combinación de todas las formas de saqueo. En uno que otro municipio, vereda o resguardo, dando lugar a la excepción que confirma la regla, estos medios COMUNITARIOS, sirvieron para enarbolar la palabra ciudadana. Esto último sucedió en aquellos lugares en los que la gente ya había emprendido, por su cuenta, la tarea de democratizar los medios.
En principio, las leyes de medios comunitarios se escribieron como respuesta a la ausencia de democracia en el uso de la palabra y la imagen. Pero, en un país en que no se respeta la vida, sería iluso pedir que se respeten una emisora o un canal de televisión comunitaria. Algún día será, ojalá pronto.
